Ocupa Oaxaca tercer sitio por homicidio de defensores
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Ocupa Oaxaca tercer sitio por homicidio de defensores

Sufren constantes amenazas en la entidad, alerta la CNDH


Ocupa Oaxaca tercer sitio por homicidio de defensores | El Imparcial de Oaxaca

De los 36 asesinatos de defensores de derechos humanos cometidos en el país desde 2006, cinco se perpetraron en Oaxaca, la tercera entidad con mayor número de registros, después de Chihuahua, con 11, y Guerrero, seis.

Edgar Corzo Sosa, quinto visitador general de la CNDH, señaló que existen un estado de preocupación generalizada por las constantes amenazas que sufren defensores de derechos humanos.

En Oaxaca, de acuerdo con el organismo autónomo, existe un contexto adverso para la defensa de los derechos humanos. Esta discrepancia se explica porque no hay una relación punto por punto entre las estructuras normativas e institucionales y la actuación de los funcionarios en su relación con las personas defensoras.

Entre las actividades realizadas por los defensores asesinados en el estado se encuentran la lucha contra megaproyectos eólicos y mineros.

Aunque la CNDH señaló que 22 entidades han ignorado la recomendación general 25/2016, Oaxaca está entre las tres que mayor calidad de respuesta dio a las solicitudes de información, no obstante “El hecho de que sus respuestas sean satisfactorias no significa que las autoridades estén generando condiciones para el mejor ejercicio de los derechos humanos para las y los defensores civiles”.

De acuerdo con la CNDH, las agresiones contra defensores incluyen violación de su domicilio, robos, amenazas; ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas; actividades de inteligencia contra ellos así como la impunidad en las investigaciones.

La comisión recomendó a los gobernadores del país adoptar las medidas necesarias para garantizar su participación en la elaboración, desarrollo y ejecución del Mecanismo Nacional de Protección para Defensoras y Defensores, así como que las instancias encargadas de procurar justicia respeten las garantías judiciales de los defensores y se les permita el acceso a los mecanismos de protección de justicia.


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