Piden alto a la intimidación contra organizaciones en Oaxaca
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Piden alto a la intimidación contra organizaciones en Oaxaca

Integrantes de Consorcio Oaxaca y de otras organizaciones sociales responsabilizaron ayer al gobierno del estado de cualquier represalia en contra de activistas sociales, sindicales y defensores de Derechos Humanos, ante…

Piden alto a la intimidación contra organizaciones en Oaxaca | El Imparcial de Oaxaca

Integrantes de Consorcio Oaxaca y de otras organizaciones sociales responsabilizaron ayer al gobierno del estado de cualquier represalia en contra de activistas sociales, sindicales y defensores de Derechos Humanos, ante los últimos registros de asesinatos, desapariciones y amenazas contra aquellos que integran el movimiento social oaxaqueño.

“En un año y tres meses de la actual administración se han registrado al menos nueve asesinatos de luchadores sociales, 11 allanamientos, dos desapariciones forzadas, despojo de la tierra y territorio; militarización, imposición de megaproyectos como minas, presas hidroeléctricas y parques eólicos; amenazas de muerte, vigilancia con drones, espionaje, procesos judiciales, órdenes de aprehensión y difamación en contra de quienes conformamos el movimiento social de Oaxaca”, recordaron.

Expusieron además que un “síntoma del terrorismo de estado contra las mujeres en Oaxaca” también es el aumento de la violencia generalizada sin control, por los 145 feminicidios en lo que va del sexenio.

Por medio de un pronunciamiento firmado también por el Consejo de Organizaciones Oaxaqueñas Autónomas, el Comité por la Defensa de los Pueblos Indígenas y el Colectivo Mujer Nueva, entre otros, los militantes de las organizaciones consideraron necesario caminar en unidad para enfrentar la embestida contra el movimiento social.

“Llamamos a hacer uso legítimo de la movilización para detener estos tiempos de infortunio, en donde las fuerzas retrógradas se han apoderado de la gubernatura, pisoteando los derechos civiles y políticos, así como los laborales y ambientales”.

 

Expresaron su preocupación por los impactos que tendrá la Ley de Seguridad Interior, dado que abre la puerta al estado de excepción de facto, “generando las condiciones favorables a una dictadura militar que sin duda impactará en el incremento descontrolado de tortura, ejecuciones extrajudiciales, feminicidios, violencia contra las mujeres y desapariciones forzadas”, opinaron.