Inflan costo de aulas provisionales en el Istmo
Denuncian irregularidades y despidos injustificados
Luego de que los fuertes vientos en la región del Istmo de Tehuantepec colapsaran aulas provisionales en Asunción Ixtaltepec, empresarios y exfuncionarios del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (IOCIFED), coincidieron en que este fenómeno sólo evidenció el mal manejo de los recursos.
Explicaron que las aulas provisionales tienen un costo real de al menos 260 mil pesos, pero éstas han sido sobrevaloradas hasta con 400 mil pesos. “Son aulas provisionales, desechables y mal planeadas, que representan un gran gasto para el Estado”, detallaron.
Con los sismos que afectaron decenas de escuelas, sobre todo del Istmo de Tehuantepec, denunciaron que la asignación de obras se hizo de manera irregular, que benefició a 43 constructoras afines a los directivos del IOCIFED.
Para la demolición de una escuela, sea grande o pequeña, el Instituto cedió a cada constructora un millón y medio de pesos, mientras que para aquellas que se dedicarán a la construcción de aulas, se les asignó 15 millones de pesos cada una.
Destituyen funcionarios
En entrevistas grabadas, los denunciantes que prefirieron omitir su nombre por miedo a represalias, afirmaron también que sin previo aviso y sin aparente motivo, del 17 al 22 de este mes al menos cinco directivos y jefes de área fueron destituidos de la dependencia, para ser reemplazados por quienes tienen antecedentes de distintos actos de corrupción.
De esta manera, acusaron al director del IOCIFED, Orlando Hernández Montes, de realizar cambios en la direcciones de Construcción y Administrativa, así como en las unidades de recursos financieros, costos y licitaciones, y de contratos, cuyos titulares estarán hasta el 31 de octubre y serán reemplazados sin explicación alguna.
“Desmantelan al IOCIFED en una semana y designan a personas que cometieron diversos fraudes hace varios años en instituciones como CAO y lo que era CAPCE (ahora el IOCIFED)”. Hicieron un llamado al Gobierno del Estado para transparentar los recursos que se aplican para la demolición y construcción de escuelas en las zonas devastadas por los sismos.
