UCIZONI denuncia violación de derechos
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Istmo

UCIZONI denuncia violación de derechos

Exigen al gobierno de AMLO que escuche a los pueblos del Istmo


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La Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) denunció la violación a los derechos de las comunidades mixes, zapotecas, y barreñas por parte del gobierno federal, debido a la realización de reuniones de información y consulta en 31 ejidos y comunidades de la región del Istmo de Tehuantepec, ubicados en la zona de impacto directo del megaproyecto Corredor Transísmico.

A través de un comunicado indicaron que dichas reuniones han estado a cargo de la Procuraduría Agraria, así como del titular del órgano descentralizado Rafael Marín Mollinedo, y en 15 minutos o menos han “informado” sobre el mencionado megaproyecto, abundando en los presuntos beneficios y minimizando los impactos negativos.

En el documento mencionan que por ello en los ejidos Palomares Matías Romero y Estación Sarabia, se reclamó información amplia y atención a las afectaciones ocasionadas por la CFE, SCT y Pemex.

Explican que en los ejidos de Mogoñé Viejo, Mogoñé Estación y el Zarza, las reuniones no se celebraron, en este último, los ejidatarios se negaron a participar por la forma de convocar.

Mientras que, en las poblaciones de los municipios de Matías Romero, San Juan Guichicovi, Santa María Petapa y el Barrio de la Soledad, los avecindados están realizando reuniones y expresando con mantas su protesta por no haber recibido información sobre el megaproyecto, ya que muchos de ellos tienen sus viviendas en zonas aledañas a las vías del ferrocarril.

Comentan que un grupo de ferrocarrileros se personó en la reunión realizada en la casa ejidal de Matías Romero y reclamó airadamente el haber sido excluidos de las reuniones informativas.

Mencionan que este nuevo proceso de simulación, violentala legislación nacional e internacional en materia de consulta, como ayer lo enunciara el organismo de pueblos indígenas de la ONU.

Aseguran que ante esta situación la UCIZONI, exige al gobierno federal, respete los derechos de los pueblos y un proceso de información seria y amplia que incluya el plan maestro y el estudio de impacto ambiental.

“Asimismo, exigimos sea escuchada la voz de las mujeres y de los diferentes sectores que forman parte de nuestra región”, apuntaron.