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Desestiman resolución presidencial de 1986

Comuneros del núcleo agrario de Pochutla se encuentran en serios dilemas de cara a acuerdos con la SCT sobre las indemnizaciones por proyectos carreteros

Desestiman resolución presidencial de 1986 | El Imparcial de Oaxaca

Comuneros de este núcleo agrario se encuentran en serios dilemas de cara a acuerdos con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) referente a indemnizaciones por afectaciones en tramos de la ampliación y modernización de la carretera federal 200.

Y es que la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) emitió un oficio resaltando que la resolución presidencial de 1986 del núcleo agrario de Pochutla se encuentra insubsistente, «ahora no sabemos cómo se van a acordar los pagos de indemnización a los compañeros que serán afectados por el trazo carretero,» subrayó el comunero Miguel Enrique Gutiérrez Velázquez.

El núcleo agrario de Pochutla obtuvo su primera resolución presidencial en 1953 dotándolo de alrededor de 74 mil hectáreas, y la resolución presidencial de 1986 con un aproximado de 36 mil hectáreas, «si la Sedatu señala que la resolución presidencial de 1986 está insubsistente, bajo qué marco jurídico agrario se efectuarán las indemnizaciones, hay que recordar que la carretera federal 200 se construyó en 1970 justo bajo la resolución presidencial de 1953 pero sin emitir indemnización alguna a ningún comunero afectado», recalcó Miguel Enrique Gutiérrez.

El comunero entrevistado destacó que en 2017 la asamblea general de comuneros recibió al delegado federal de la SCT para que los asambleístas otorgaran permiso a la dependencia federal para que ejecutará trabajos de topografía y cuantificar la superficie a afectar y posteriormente iniciar acuerdos por concepto de indemnizaciones.

Finalmente, señaló que la asamblea general de comuneros deberá asumir, previa información detallada de la presunta insubsistencia, la postura acerca de las resoluciones presidenciales, «debemos respaldar a nuestro comisariado ante los acuerdos con la SCT, y la asamblea tiene que ser respaldada bajo un marco jurídico agrario que nos permita obtener claridad y certeza en una resolución presidencial,» concluyó Miguel Enrique Gutiérrez Velázquez.